El senador Rubén Velázquez, del movimiento YoCreo, presentó un proyecto de ley que busca evitar los abusos cometidos por empresas proveedoras de servicios de telefonía móvil, internet y transferencias de dinero, especialmente en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa fue expuesta el sábado último durante su participación en el programa televisivo “7 Días Paraguay”, donde también habló sobre la conformación de una comisión especial de investigación en el Senado, a propuesta suya.
La “comisión especial de investigación de carácter transitorio para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores” fue creada con el objetivo de analizar los mecanismos de facturación de estas compañías, en especial los casos donde los usuarios son obligados a pagar por servicios que no utilizaron durante períodos en los que estuvieron inactivos.
“Este proyecto afecta principalmente el bolsillo de la ciudadanía, especialmente de quienes ganan el salario mínimo y dependen del servicio para trabajar o estudiar”, explicó el legislador. Velázquez ejemplificó la situación con un caso común: cuando una persona pierde su empleo y no puede pagar su factura de celular o internet, el servicio se corta, pero la deuda sigue creciendo. “Pasaron tres o cuatro meses sin acceder al servicio y, al momento de intentar saldar la cuenta, el usuario se encuentra con una deuda multiplicada”, señaló. En muchos casos, esta situación termina con el cliente reportado a la base de datos de Informconf (Equifax), lo que lo inhabilita para acceder a créditos u otros servicios, generando lo que el senador describió como “una forma moderna de esclavitud económica”.
La propuesta legislativa apunta a que las empresas no puedan seguir facturando durante los meses en que el servicio estuvo suspendido por falta de pago. “No se puede cobrar por algo que no se prestó”, recalcó Velázquez, comparando el modelo con plataformas internacionales como Netflix, que al suspender el servicio por impago, solo cobran lo adeudado hasta el corte, sin facturar los meses posteriores.
Durante una audiencia pública convocada en el Congreso, la propuesta fue debatida con representantes de la sociedad civil, universidades y abogados. Aunque las empresas proveedoras fueron invitadas, no asistieron y respondieron por nota, argumentando que ya existen normativas que regulan el sector y que el nuevo proyecto sería innecesario.
Velázquez refutó esa postura asegurando que las prácticas abusivas persisten justamente porque falta una legislación clara y específica que las prohíba. En la audiencia, se coincidió además en que la conectividad y el acceso a internet ya no pueden considerarse un lujo, sino un derecho humano esencial para el desarrollo personal y profesional.
“Hoy internet es tan básico como la electricidad o el agua potable. Muchas personas trabajan desde sus casas o estudian con sus celulares, por lo que no podemos permitir que sean sometidas a mecanismos injustos de cobro”, sostuvo el legislador.
DESAFÍOS Y APOYO CIUDADANO
Consultado sobre las posibilidades reales de que el proyecto prospere en el Congreso, teniendo en cuenta los intereses económicos que podrían estar en juego, Velázquez reconoció las dificultades, pero se mostró optimista. Recordó que en el pasado logró que una de sus propuestas se convirtiera en ley: la que elevó las penas por maltrato animal, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y promulgada por el Ejecutivo.
“Un proyecto de ley necesita ser socializado, explicado. Por eso hago audiencias públicas y ahora voy a convocar una mesa de trabajo con asesores de comisiones parlamentarias, para que el texto se fortalezca”, adelantó.
El legislador aseguró que ya conversó con varios colegas que manifestaron su apoyo y destacó que el acompañamiento ciudadano será clave para que la propuesta gane fuerza política. “Este no es un proyecto populista ni va contra las empresas. Simplemente busca garantizar justicia y reglas claras: que se cobre por los servicios realmente prestados, nada más”, afirmó.
Finalmente, remarcó que el objetivo es brindar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios, apostando a un modelo transparente y equilibrado. “El ciudadano necesita recuperar la esperanza de que su plata rinda un poco más, y que el sistema proteja su economía familiar”, concluyó.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
