Mientras el sicariato se expande como negocio floreciente en la triple frontera, los agentes del Departamento de Investigación de Delitos del Alto Paraná se cruzan de brazos. En los últimos tres años, siete asesinatos con el sello de la mafia ocurrieron en Ciudad del Este y Minga Guazú sin que uno solo haya sido resuelto. Las víctimas fueron acribilladas a plena luz del día frente a testigos o cámaras de seguridad, pero en vez de seguir pistas los uniformados solo se limitan a calificar todos los hechos como “ajuste de cuentas”. Según allegados a las víctimas, los investigadores se burlan abiertamente de quienes exigen justicia y solo actúan si hay “incentivo”. En esta radiografía de la impunidad, se exponen siete casos concretos que revelan cómo la Policía se convierte en cómplice por omisión, mientras el sicariato florece en el Alto Paraná.
El 11 de abril de 2024, Richard Armando Miranda (40), con antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio, fue encontrado sin vida a orillas del río Acaray, en el barrio San Rafael. Tenía entre 10 y 12 impactos de bala y cortes con arma blanca. Su cuerpo yacía con la llave de un vehículo en la mano. Vecinos dijeron haber escuchado disparos, pero creyeron que eran petardos por un partido de fútbol. El crimen sigue impune y supuestamente la Policía no tiene pistas de los autores materiales, y mucho menos de los mandates del crimen.
El 31 de mayo de 2024, Valdinei Suárez Dos Santos (36) fue hallado muerto con un disparo en el abdomen en el barrio San Rafael II. Estaba tendido en la calle y no tenía antecedentes. Una vecina oyó el disparo y llamó a la Policía. La escena sugería una ejecución directa, pero la investigación se diluyó como tantas otras.
El 7 de agosto de 2024, el brasileño Liomar Antonio de Oliveira fue ejecutado de 11 balazos en pleno centro de Minga Guazú. Usaba identidad falsa y estaba condenado a 84 años en su país, con más de 100 antecedentes. El crimen fue grabado por cámaras y hasta se allanó su casa, donde hallaron evidencias sobre tráfico de drogas, pero todo quedó en la nada. La Policía aseguró que fue un ajuste de cuentas, como si hacer justicia por mano propia estuviese permitido en nuestro país.
El 11 de noviembre 2024, el comerciante Félix Santiago Sosa Rolandi fue hallado muerto en su vivienda en el barrio Che la Reina. No faltaba ningún objeto de valor y no se hallaron vainillas. Fue asesinado con precisión quirúrgica, sin que nadie oyera los disparos. Su camioneta apareció abandonada en Hernandarias. Pese a las pistas y varias hipótesis sobre el crimen, no hay detenidos ni avances significativos en la investigación y él o los responsables siguen impunes.
El 16 de noviembre de 2024, Óscar Germán Vázquez González, alias “Chuchu’i”, fue asesinado frente a su madre en su casa del barrio San Rafael. El sicario llegó en motocicleta y le disparó cinco veces en la cabeza. Vázquez había denunciado semanas antes que agentes de Investigaciones lo extorsionaban para no involucrarlo en robos. Su muerte cerró su boca, pero también el caso: ningún agente fue investigado y los asesinos siguen libres.
El 27 de noviembre de 2024, el vendedor de repuestos Marcos Antonio Domínguez Amarilla (40), quien fue reportado como desaparecido, fue hallado flotando en el río Monday, con heridas de bala en la cabeza y pierna. Su vehículo había sido encontrado incendiado en una plantación de soja. Su expareja declaró que mantenía una nueva relación y que el entorno era conflictivo, pero ni la hipótesis pasional ni el ajuste de cuentas condujeron a ningún arresto.
Finalmente, el 20 de noviembre de 2021, Diego Armando Gómez Silva fue acribillado de seis disparos en el mercado de abasto. Dos sicarios en moto lo siguieron por días antes de concretar el ataque. Testigos señalaron que la víctima parecía inquieta. Tras su muerte, familiares se apresuraron a retirar su celular y su camioneta, alimentando las dudas. El caso fue cerrado sin una línea investigativa seria.
Estos siete crímenes reflejan la inoperancia de las autoridades para resolver homicidios por encargo. Mientras tanto, la oficina regional de Homicidios sigue cerrada y el mensaje es claro: si no hay recompensa, no hay justicia. Los asesinos, por su parte, siguen operando con impunidad absoluta.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
