Trabajadores reclamaron pagos de IPS y fueron despedidos de Numancia S.A.
Min. del Trabajo deja libre a firmas infractoras y empleados a la deriva
La situación de los trabajadores afectados por irregularidades laborales sigue agravándose, mientras las intervenciones del Ministerio de Trabajo parecen no avanzar. Tras denuncias por accidentes laborales graves, despidos injustificados, incumplimiento en el aporte al IPS y falta de pago de beneficios, los paranaenses continúan desprotegidos ante la pasividad institucional.
Empresas como Numancia S.A., que cerró sus puertas tras las denuncias, dejan a decenas de trabajadores a la deriva, sin regularización de sus aportes ni garantías de indemnización. Casos anteriores, como los de Sincere S.A. y Dongjin Paraguay S.A., donde accidentes graves dejaron a trabajadores mutilados, siguen sin ser aclarados. En los dos casos, las empresas descontaban el aporte del IPS a los afectados, pero en la previsional no había registros del pago.
Intentos de seguimiento por parte de medios de prensa y la ciudadanía se topan con falta de transparencia. Desde la oficina regional del Ministerio de Trabajo afirman que no pueden brindar información directa, ya que todas las gestiones deben coordinarse con la dirección de comunicación central, cuya encargada tampoco facilita contactos ni vías claras para obtener los informes. Esta burocracia limita la rendición de cuentas y retrasa cualquier acción concreta frente a las empresas denunciadas.
Días atrás, la viceministra de Trabajo, en una entrevista con Radio La Clave 103.9 FM, aseguró que el Mtess realiza fiscalizaciones aleatorias a distintas empresas en Alto Paraná, sin embargo, los resultados de estas labores tampoco son visibles y no generan soluciones tangibles para los trabajadores afectados.
El receso de fin de año solo profundizó la sensación de abandono. Por ejemplo, los expedientes de Sincere S.A. y Dongjin Paraguay S.A. permanecen en revisión administrativa sin resultados concretos, mientras los trabajadores afectados esperan soluciones que podrían tardar semanas o incluso meses.
Mientras tanto, los empleados que todavía mantienen sus puestos en empresas denunciadas viven con incertidumbre diaria, temiendo represalias o despidos futuros por exigir el cumplimiento de sus derechos. Esta situación genera malestar social y cuestionamientos sobre la capacidad del Ministerio para garantizar condiciones laborales mínimas y proteger a los ciudadanos frente a empleadores irresponsables.
La combinación de accidentes graves, despidos injustificados y falta de intervención estatal refleja un patrón preocupante de impunidad empresarial y negligencia institucional, dejando en evidencia que los trabajadores continúan pagando el precio por la inacción de las autoridades laborales.
