La empresa Tape Porã, concesionaria de un tramo clave de la Ruta PY02, desató nuevamente el malestar ciudadano al ejecutar trabajos de reparación vial en plena hora pico, generando caos vehicular y exponiendo a los conductores a situaciones de riesgo. Las tareas se desarrollan a la altura del viaducto del km 4 de Ciudad del Este, uno de los sectores con mayor carga de tránsito del país, y lejos de mejorar el flujo, agravan la situación del tráfico vehicular en la ciudad.
Los trabajos consisten apenas en parches asfálticos con cemento caliente y bleke, lejos de ser una solución definitiva al evidente deterioro del pavimento. La ciudadanía denuncia que estas intervenciones precarias e inoportunas no responden a un plan de mantenimiento integral, sino que se ejecutan para justificar el último aumento del peaje, aplicado desde el 6 de julio.
Con el segundo reajuste del año, las nuevas tarifas establecidas por Tape Porã pasaron a ser: G. 8.000 para motocicletas, G. 19.000 para vehículos livianos, y entre G. 56.000 y G. 74.000 para camiones de gran porte. Las estaciones de cobro afectadas son las de Pastoreo (Km 205,7) y Minga Guazú (Km 305,7).
La concesionaria alega que el reajuste se realiza para asegurar la “sostenibilidad y eficiencia del sistema vial”. Sin embargo, los usuarios afirman que la calidad del servicio no refleja esa supuesta mejora. En zonas como Minga Guazú, Juan León Mallorquín y J. Eulogio Estigarribia, las quejas son constantes: baches, escasa iluminación, señalización deficiente y ausencia de colectoras hacen de la circulación un peligro cotidiano.
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, había expresado su repudio al aumento del peaje y denunció el perjuicio que representa para su comunidad. “El peaje del Km 25 divide barrios y obliga a los ciudadanos a pagar diariamente para trabajar, estudiar o ir al hospital. Exigimos libre circulación, como ocurre en otras ciudades”, sostuvo.
A las críticas se suma la cuestionada extensión del contrato de concesión hasta 2053, firmada durante el gobierno de Horacio Cartes, sin proceso licitatorio y bajo condiciones que, según el Frente Guasu, violan la Ley de Concesiones. En aquel entonces, Cartes aún figuraba como accionista mayoritario de Jiménez Gaona y Lima S.A., empresa vinculada a Conempa, principal accionista de Tape Porã.
La estructura empresarial de la concesionaria está integrada por Conempa (50%), Tecnoedil (15%), Emprendimientos & Concesiones (15%), Constructora Acaray (10%) e Inversiones Ocho (10%). Este conglomerado empresarial mantiene estrechos vínculos políticos y ha sido blanco de repetidas denuncias por autoadjudicación de beneficios, conflicto de intereses y falta de transparencia, nunca investigadas a fondo.
Otra polémica es la instalación de estaciones de servicio del Grupo Bahía, bajo la marca Integral, en puntos estratégicos del corredor vial (como en Pastoreo, el Km 11 de Ciudad del Este y en Mallorquín). Estas obras habrían sido emplazadas sin licitación pública ni procesos de expropiación, lo que refuerza las sospechas de connivencia entre la concesionaria, el MOPC y grupos empresariales afines.
El modelo de gestión de Tape Porã representa, para muchos, el fracaso de la concesión pública sin controles reales. Con dos aumentos de peaje en lo que va del año, lo que reciben los automovilistas son obras mínimas, tarifas más caras y un servicio deteriorado. Todo, con la tolerancia del Estado y sin respuestas ante las constantes demandas ciudadanas.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
