El tomógrafo del Hospital Regional de Ciudad del Este continúa fuera de servicio hace semanas, dejando a cientos de pacientes oncológicos y de otras especialidades en una situación desesperante. La Décima Región Sanitaria, a cargo del Dr. Federico Schrodel, informó que el equipo se encuentra en “proceso de reparación” y que recién en noviembre podría volver a funcionar, debido a que el repuesto debe ser enviado de Corea del Sur. Sin embargo, detrás de la versión oficial crecen las sospechas de un esquema oscuro en que sanatorios privados resultan los principales beneficiados. El tomógrafo había sido instalado a mediados del año pasado, a un costo de casi Gs. 17 mil millones. La responsable es la empresa Dysa Healthcare S.A., que acumula incumplimientos con Salud Pública, pero sigue ganando licitaciones.
La propia X Región admitió que, como medida temporal, los estudios se están derivando a la Fundación Tesãi y al Instituto Médico de Alta Performance (Imap), gracias a convenios con el Ministerio de Salud. En los hechos, esto significa que los pacientes deben ser trasladados a sanatorios privados, que pasan a facturar los estudios que deberían realizarse en el hospital público.
Esta situación alimenta la versión de un presunto “sabotaje interno” al tomógrafo, de modo que los pacientes no tengan otra opción que acudir a las clínicas privadas, generando ingresos para un circuito empresarial en connivencia con funcionarios de la propia Región Sanitaria.
El caso más ilustrativo es el del Dr. José Samudio, responsable del pabellón oncológico del Hospital Regional. Por hablar públicamente de la importancia del tomógrafo y las penurias que pasan los pacientes, el médico fue convocado a una reunión con la directora del centro asistencial, Dra. Kathia Ayala, y la directora médica Cristina Torales. Allí, según denunció, le pidieron que deje de dar entrevistas a los medios y que el único autorizado para hablar era el Dr. Schrodel.
Lejos de retractarse, Samudio reafirmó que no permanecerá indiferente a las necesidades de los pacientes. Como respuesta, fue amenazado con ser removido del cargo, pese a que hace seis años trabaja ad honorem al frente del pabellón oncológico, sin cobrar un guaraní adicional y hasta invirtiendo recursos propios para sostener el servicio.
“Pago de mi bolsillo resmas de papel, arreglos de aire acondicionado y hasta combustible para el generador que mantiene los medicamentos oncológicos. Si me sacan, no importa, pero mi compromiso es con los pacientes”, relató el oncólogo. Su testimonio dejó al desnudo el contraste entre la precariedad en la que se sostiene el servicio oncológico y el millonario negocio que mueven los diagnósticos tercerizados en el sector privado.
CENTENAS DE PACIENTES DEPENDEN DEL EQUIPO
Cada mes, entre 300 y 350 pacientes oncológicos dependen de los estudios de tomografía para definir cirugías, radioterapias o nuevos ciclos de quimioterapia. Sin el equipo en funcionamiento, sus vidas están en riesgo. El costo de un estudio en un sanatorio privado ronda los 2 millones de guaraníes, cifra impagable para la mayoría de las familias que se atienden en el hospital público.
El problema no afecta solo a quienes están en pleno tratamiento, sino también a quienes terminaron la quimioterapia o la radioterapia, pero requieren controles periódicos para confirmar la remisión de la enfermedad. Cada día sin tomógrafo significa más incertidumbre y más riesgo para estas personas.
El director Schrodel insistió en que el desperfecto es consecuencia de la avería de un ventilador interno del equipo, que no pudo ser sustituido porque la empresa proveedora no contaba con repuesto en Paraguay. Según la versión oficial, se solicitó la pieza a Corea del Sur y apenas llegue podrá completarse la reparación.
No obstante, para los familiares de pacientes y gran parte de la ciudadanía, esta explicación ya no resulta creíble. El tomógrafo no es la primera vez que queda inactivo por largos periodos, siempre en circunstancias poco claras y con un patrón repetido: cada vez que falla, los sanatorios privados de Ciudad del Este reciben un flujo de pacientes y dinero del Estado.
En la Décima Región Sanitaria nadie se atreve a denunciar abiertamente lo que es vox populi: que existe un contubernio entre directivos del hospital, médicos y empresarios de la salud privada. Quien alza la voz, como Samudio, es perseguido y amenazado. Los demás optan por callar, por miedo a represalias o porque forman parte del engranaje que convierte la salud en negocio.
La connivencia se traduce en miles de millones de guaraníes que terminan en manos privadas, mientras el hospital público queda cada vez más debilitado. En este escenario, los grandes perdedores son los pacientes, que dependen de un sistema de salud pública que debería garantizarles atención integral y gratuita, pero que en la práctica los empuja hacia un mercado de la salud cada vez más lucrativo y excluyente.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
