La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la unidad especializada en hechos punibles contra el medio ambiente nº 2 de Alto Paraná, logró la elevación a juicio oral de una causa por delitos ambientales cometidos en la Reserva Natural de Yguazú, en la que están acusados tres hombres. La resolución fue dictada por el juzgado penal de garantías nº 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal, tras analizar la acusación presentada por el Ministerio Público y los elementos probatorios ofrecidos.
Los acusados son Francisco Mendoza (64), Fermín Cano (42) y Hermenegildo Arias (71), quienes enfrentan cargos por delitos contra el medio ambiente y las reservas naturales, que incluyen la tala de árboles o bosques nativos y la producción de incendios. Estas acciones se tipifican en las leyes 716/96 y 6676/2021, que establecen las normas para la protección ambiental, así como en el Código Penal.
Según los antecedentes, los hechos se habrían producido el 27 de agosto de 2024, en la finca nº 2270, padrón nº 4962, propiedad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ubicada en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná. La denuncia fue presentada el 5 de setiembre de 2024 por la abogada Ana Isabel Giménez de Gómez, jefa de la sección de cuencas hidrográficas del ente estatal, tras constatar la tala de árboles nativos y la quema de pastizales en la fracción I de la finca, afectando aproximadamente dos hectáreas.
Durante el recorrido de verificación, el personal técnico de la Oficina Regional del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) constató la quema de árboles en etapa de crecimiento y la existencia de viviendas precarias utilizadas por los acusados. Francisco Mendoza fue hallado en una casa a orillas del lago Yguazú; Fermín Cano estaba con equipo de campamento y herramientas de tala, y Hermenegildo Arias en una choza de madera con evidencia de procesamiento de madera nativa.
La investigación determinó que ninguno de los acusados posee título de propiedad sobre el terreno, según informes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y la Dirección General de los Registros Públicos, confirmando que la propiedad corresponde a la ANDE.
La Fiscalía presentó pruebas testimoniales de funcionarios de la ANDE, personal técnico de la DEBOA y efectivos policiales que participaron en la verificación de los hechos. Asimismo, se ofrecieron pruebas documentales y periciales, que incluyen informes de la DEBOA, análisis satelitales de la Dirección Ambiental del Ministerio Público, documentos de propiedad de la ANDE, denuncias formales, y copias de leyes y decretos que protegen el área, como la Ley 716 y el decreto nº 867/2023.
En base en estos elementos, el juzgado penal de garantías nº 1 resolvió elevar la causa a juicio oral y público.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
