
El atroz doble crimen que sacudió a Presidente Franco y a todo el país, dejó al descubierto una vez más las grietas de un sistema que muchas veces ignora las señales previas de la violencia, incluso omitiendo los pedidos de auxilios de la víctimas.
Carolina Coronel Fernández (39) fue asesinada de 15 balazos en el interior de su vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, el pasado 17 de septiembre, mientras que su hijastra de 15 años, que vivía con ella, recibió cinco heridas de bala y también perdió la vida. La mujer nunca fue escuchada ni ayudada, pese a que en varias oportunidades acudió a una sede policial para comunicar su situación y pedir la intervención de las autoridades.
El autor del doble crimen es el suboficial Alcides López Martínez (37), personal activo del Grupo Especial de Operaciones, que tras ser detenido admitió fríamente haber disparado contra su pareja “porque le maltrataba”, justificando además que la niña murió “por accidente”, al ser alcanzada por los proyectiles.
El hecho desató una profunda indignación entre los familiares y vecinos de las víctimas, quienes señalaron que este desenlace pudo haberse evitado.
Lisandra Coronel Fernández, hermana de Carolina, entre lágrimas relató que su la víctima había realizado varias denuncias previas contra el uniformado en la Subcomisaría 12, pero que estas nunca prosperaron.
“Siempre nos decía que no nos tenía miedo, que como era camarada de ellos, las denuncias nunca iban a proceder. Y así fue, nunca comunicaron al Ministerio Público lo que ella denunciaba”, expresó con dolor.
La versión de los familiares apunta a una clara complicidad policial, ya que las advertencias no fueron escuchadas ni remitidas a las instancias judiciales correspondientes, dejando expuesta a la víctima a un final trágico.
Por su parte, Jesica Barreto, madre de Deisy Jazmín López Barreto, también asesinada, expresó su devastación. “Mi hija le adoraba a su padre. Nunca pensé que él sería capaz de tomar una decisión tan cobarde y cruel. Nos arrebató a lo más inocente, a mi niña, que no tenía culpa de nada”.
El crimen no solo dejó dos vidas apagadas, sino que también encendió la alarma sobre la responsabilidad institucional en casos de violencia familiar, que cada vez más enluta a familias y deja varios huérfanos.
La ciudadanía exige justicia, tanto para Carolina como para la pequeña víctima, y que el peso de la ley caiga sobre el autor y sobre quienes, con su silencio y omisión, permitieron que la tragedia ocurriera.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA